Una moción exige a la Comunidad la reducción de ratios de alumnos por aula en los centros públicos

Denuncia también el anuncio de la Comunidad de suprimir 233 aulas, 144 en colegios y 89 en institutos públicos

Una moción aprobada en el Pleno municipal exige a la Comunidad la reducción de ratios de alumnos por aula en los centros públicos. Pide una ratio de entre 6 y 7 alumnos en las clases de 0 a 1 años, de 10 a 12 para las de 1 a 2 años, de 16 a 18 para alumnado entre 2 y 6 años, 20 para primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato.

El texto denuncia también el anuncio de la Comunidad de suprimir 233 aulas, 144 en colegios y 89 en institutos públicos, lo que supondrá la eliminación de 2.680 plazas escolares en la región.

En la moción, además, reclama la finalización del colegio fuenlabreño Yvonne Blake en el menor tiempo posible, así como la inversión de los 180 millones de euros que transferirá el próximo curso a la enseñanza privada, para el mantenimiento de los centros de titularidad pública. Una moción exige a la Comunidad la reducción de ratios de alumnos por aula en los centros públicos

La propuesta ha contado con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, en contra PP y la abstención de Vox.

Esta reducción de aulas, causada por la bajada de la natalidad según la Comunidad madrileña, debería aprovecharse para bajar las ratios y garantizar así una enseñanza de mejor calidad, reclama la moción. «La adecuación de la ratio es un instrumento necesario para garantizar la inclusión de los alumnos, luchar contra el abandono y el fracaso escolar permitiendo una educación personalizada», dice el texto.

«Todo esto, mientras el Gobierno regional anuncia el reparto de cheques para quienes estudien Bachillerato en centros privados. Unas ayudas de las que podrán beneficiarse familias de cuatro miembros que ganen hasta 143.600 euros al año».

La moción apunta que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte por alumno en educación pública, la segunda que más aporta a la concertada y la que tiene las tasas universitarias más
altas.  Reivindica también el papel de los consejos escolares como órgano competente en la toma de decisiones respecto al número de grupos y ratios e insta a toda la comunidad educativa a defender la oferta pública de plazas.






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