Robles pide a las administraciones mayor protección a la infancia. Tras el debate de ayer en la Asamblea sobre pobreza infantil, pide al Gobierno regional que cambie los presupuestos para dedicar más recursos económicos

Tras el debate monográfico celebrado ayer en la Asamblea de Madrid sobre la pobreza infantil, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha lanzado el guante a las administraciones nacional, regional y locales para que «sea el inicio de lo que tiene que ser las políticas de protección a la infancia».

Declaraciones que ha realizado el regidor en el transcurso de las Jornadas «Conocer para Proteger» en las que se tratan durante la mañana el desarrollo de políticas que persiguen el objetivo de favorecer el bienestar de los niños y adolescentes en la ciudad.

Robles ha indicado que para llevar a cabo las políticas de protección a la infancia «se necesitan recursos económicos» y ha pedido que se cambien los presupuestos de la Comunidad de Madrid recientemente presentados en la Asamblea, «y que se dedique un mayor esfuerzo económico en todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia y la adolescencia con políticas transversales, tal y como hacemos en Fuenlabrada».

«Es imprescindible la implicación de todos los sectores y del entorno social para proteger a nuestros niños y jóvenes y así prevenir situaciones de riesgo y conflictos que pueden atentar contra los derechos más básicos de la infancia», ha explicado Manuel Robles.

Para el alcalde, «en Fuenlabrada hemos tenido que ejercer en los últimos años prácticamente de Gobierno regional con un sistema de protección a las familias, siendo 1.400 niños y niñas los que reciben ayuda de su ayuntamiento para comedor escolar. Son 16.000 estudiantes los que reciben becas de libros y material escolar con un presupuesto municipal de 1,3 millones de euros y otros 450.000 euros para becas en la etapa educativa de 0 a 3 años en las escuelas infantiles».

En las jornadas, que se celebran en el Salón de Actos del Consistorio, participan técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y profesionales sanitarios, educativos y judiciales, que debaten y coordinan esfuerzos con un objetivo común: la búsqueda del cumplimiento de los derechos y necesidades de los menores.