Incluye la flexibilización de las deudas tributarias de la Pymes y autónomos y prepara un escudo social para familias y mayores

El Ayuntamiento de Fuenlabrada pone en marcha una serie de medidas inmediatas para paliar el impacto económico y social provocado por la crisis del coronavirus, con el objetivo de ayudar a las familias y dar liquidez a las empresas y autónomos.

Iniciativas como la ampliación del plazo voluntario de pago del Impuesto de Vehículos y la Tasa de Vados, que concluirá el próximo 1 de junio en vez del 30 de abril previsto inicialmente. El cargo de los recibos domiciliados no se realizará precisamente hasta el mes de junio.

Además, el primer plazo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no se pondrá al cobro hasta el mes de junio.

Por otra parte, se flexibilizará mediante aplazamientos y fraccionamientos el pago de tributos para autónomos y PYMES de la ciudad con el objetivo de reforzar su liquidez.

Además y mientras esté vigente el Estado de Alarma, se suspende el pago de las tasas por ocupación del dominio público, que afectaban a los negocios con terraza-velador, y se devolverá la parte que corresponda a las ya abonadas.

Por otro lado, se aplaza el siguiente cobro de los planes personalizados de pago, se amplía el periodo voluntario de pago de todas las liquidaciones emitidas y notificadas, y se suspenden los procedimientos de embargo y la emisión de notificaciones mientras dure el Estado de Alarma.

Asimismo, el Consistorio estudiará la modificación de las Ordenanzas Fiscales que tendrán efecto el próximo año 2021 con el fin del escenario resultante de esta crisis sanitaria. En ese sentido, podrían implementarse incentivos legales contemplados para tributos como el IBI, IAE (Impuesto de Actividades Económicas) e ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras), en favor del mantenimiento y la creación de empleo, la reactivación de la economía local y el apoyo decidido a la empresas, PYMES, comercios y autónomos.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está trabajando en la reformulación del presupuesto municipal aprobado el pasado mes de diciembre, dado que el nuevo escenario va a marcar nuevas prioridades y necesidades para la ciudadanía. Esta reformulación tiene un objetivo principal, que es construir un escudo social para las familias, especialmente para los colectivos más vulnerables como son infancia y mayores, y para los autónomos y emprendedores de la ciudad.

En ese sentido, las cuentas municipales ya establecen un presupuesto de 30 millones de euros para Derechos de Ciudadanía, que han permitido poner en marcha medidas de emergencia para colectivos vulnerables y que se adaptarán a las nuevas necesidades. De igual manera, ya existían 5,5 millones de euros para fomento del desarrollo económico que se reformularán para hacer frente al nuevo escenario resultando de la crisis sanitaria.

Pero, además, el Ayuntamiento tiene capacidad, gracias al superávit y a disponer de unas cuentas saneadas, para movilizar más recursos con el fin de reforzar este escudo social para afrontar todas las necesidades que surjan una vez se supere la pandemia del COVID-19.