Declaración institucional con motivo de la Convención de los Derechos de los Niños. Se aumentará la dotación económica hasta parámetros de media europea

El Pleno municipal ha presentado una Declaración Institucional con motivo del XXVI aniversario de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es la principal referencia jurídica internacional que establece las obligaciones que la sociedad y los poderes públicos tienen en lo que concierne a la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

Tan y como ha recordado la ONG Save The Children, en nuestro país hay 8.300.369 menores de edad, que son ciudadanos con derechos a ejercer y de los cuales depende el futuro de nuestra sociedad. En este sentido, las políticas públicas de infancia y adolescencia han de tener un papel central, y no ornamental, en la agenda política de las Administraciones Públicas, y desde luego en las Corporaciones.

En el texto se destaca la larga trayectoria de la ciudad y su ayuntamiento en cuanto a compromisos institucionales con la infancia, y de movilización social en defensa de los derechos de los menores, frente al maltrato y la violencia, la exclusión social que acarrea la pobreza, y en pro de sus derechos educativos, sanitarios, energéticos, de alojamiento, vestido y alimentación.

Todo ello a través de una significativa inversión presupuestaria en gasto social y en la promoción de programas municipales integrales dirigidos específicamente a los ciudadanos menores de 18 años; del fomento de espacios de participación social infantil relevantes, como el Consejo Local de Infancia y Adolescencia; o el apoyo material fehaciente a asociaciones locales y ONG´s que tiene como objeto específico la defensa de los menores.

Se propone al Pleno implementar los Planes de Actuación y compromisos por Fuenlabrada como ciudad adherida a la Red Infancia y Adolescencia, como plataforma de corporaciones locales comprometidas en la defensa y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.

También se ha adquirido el compromiso de colaborar en la elaboración y desarrollo de programas que puedan implicar a distintas Administraciones en defensa de los derechos de los menores; y demandar la elaboración de presupuestos «en clave de derechos de infancia», aumentando la dotación económica hasta parámetros de media europea a favor del bienestar infantil.