La moción fue presentada por PSOE y GF, y apoyada por el resto de grupos. Piden a las eléctricas que devuelvan los 3.500 millones de euros que cobraron de manera indebida

El Pleno aprueba la prohibición legal de los cortes de luz a las familias que atraviesen por problemas económicos, de manera que se pueda acabar con la pobreza energética con la adopción, por parte del Gobierno de España, de las medidas que garanticen el acceso al suministro elećtrico a toda la población.

La moción ha sido presentada en el Pleno por PSOE y Ganar Fuenlabrada, y ha contado con el apoyo del resto de formaciones políticas (PP, Cś e IU-CM). Se pide acabar con los abusos tarifarios y la creación de una auténtica tarifa social, sufragada por las eléctricas, que sustituya al actual bono.

Según se apunta en el texto, «desde el estallido de la crisis en 2007, la pobreza energética se ha convertido en unos de los principales problemas sociales y económicos de España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrico«.

Datos trágicos que indican que cada año mueren en nuestro país más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico.

Según Isabel Déniz, concejala de Ganar Fuenlabrada, «esta lamentable situación se ve agravada con el aumento indiscriminado de las tarifas de la luz que en los últimos seis meses se ha encarecido en un 25 por ciento«.

Todos los grupos han aprobado en esta moción pedir que las grandes compañías eléctricas reconozcan y
devuelvan los 3.500 millones de euros que cobraron de manera indebida, la realización de una auditoría y la aplicación de un tipo de IVA reducido a la electricidad por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada reserva cada año en sus presupuestos una cantidad para emergencia social, que ha pasado de los 700.000 euros en el año 2008 a los 3,5 millones en este 2017. Según la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, «de esta cantidad, 500.000 euros se destina para pagar la luz, el gas y el agua de aquellas familias con vulnerabilidad económica, porque se trata de un derecho básico e inalienable«.